Los medios de prensa reclaman su parte a los gigantes tecnológicos.

En plena revolución digital, los medios gráficos tradicionales de todo el globo enfrentan un desafío enorme: el de llevar al ecosistema online lo mejor de su práctica y saber, preservando además su  sustentabilidad económica. Esta preocupación motivó la reforma de la regulación sobre derechos de autor en la Web votada a fines de marzo en el Parlamento Europeo con 348 votos a favor y 274 en contra. Con ella, la Unión Europea (UE) dio un primer paso en el intento de adaptar a la era digital la larga tradición occidental que protege a los creadores de contenidos. Celebrada por muchos, la iniciativa despertó cierto escepticismo en otros que, aunque consideran legítimo su objetivo, dudan de la eficacia que pueda alcanzar. De cualquier modo, esta encrucijada ha suscitado intensos debates sobre la titularidad y la circulación de los contenidos periodísticos en la Red.

Desde su irrupción, las nuevas tecnologías transformaron nuestras costumbres. Consumimos noticias cada vez más a través de los smartphones. La migración de lo analógico a lo digital provocó grandes transformaciones en la industria. El último informe anual que elabora el Instituto Reuters junto con la Universidad de Oxford, que analiza el consumo de noticias digitales en 36 países, ofrece datos elocuentes: en la Argentina, solo el 42% de los consultados dijo informarse a través de medios impresos, mientras que un 89% se informa digitalmente, a través de Internet o de las redes sociales. En cuanto a los dispositivos utilizados, se confirma el predominio del smartphone, que en tan solo un año escaló del 62% al 71 por ciento.
Según datos recientes del Pew Research Center, los diarios se han visto «muy afectados» por el hecho de que «cada vez más estadounidenses consumen noticias digitalmente»: en Estados Unidos, hoy solo dos de cada diez adultos se informan a través de los periódicos impresos.

Un dilema complejo
¿Cómo adaptarse a la forma en que hoy se leen los diarios y preservar al mismo tiempo el rigor informativo y la calidad que ha distinguido a la mejor prensa de Occidente? El interrogante plantea un dilema que es objeto de debate en todas las democracias del globo. Involucra cuestiones relacionadas con el modo en que se cubren y narran las noticias, pero también aspectos que hacen a la sustentabilidad de las empresas periodísticas. Hoy los medios, productores de contenidos, observan cómo los anuncios publicitarios, esenciales para su supervivencia y para sostener un periodismo de calidad, se dirigen en especial a las grandes plataformas, en las que circula buena parte de lo que se consume en Internet.

Según informó el lunes The New York Times, en 2018 Google facturó 4700 millones de dólares a partir del trabajo de los medios noticiosos, a través de las búsquedas en su plataforma y Google News. El dato surge de un estudio realizado por News Media Alliance, que representa a más de 2000 diarios de Estados Unidos. Los periodistas que han creado ese contenido merecen una parte de esa suma, dijo David Chavern, presidente de Alliance.
Agregó que esperaba la aprobación de la ley de preservación y competencia del periodismo, hoy en debate en el Congreso estadounidense, que les permitiría a los editores de noticias negociar en forma colectiva con las plataformas la distribución de los ingresos.

Salud democrática
El escenario es preocupante. No parece haber otras instituciones que puedan reemplazar al periodismo serio en tareas fundamentales que hacen a la salud democrática de los países: investigar al poder, ofrecer información relevante debidamente chequeada, narrar historias que ayuden a conocer mejor el mundo del siglo XXI, así como brindar elementos de análisis que favorezcan su comprensión. Estos servicios que la prensa tradicional ha brindado  históricamente hoy se encuentran amenazados ante un ecosistema mediático que, además de traer grandes beneficios, ha trastocado tanto la lógica económica del negocio como el concepto mismo del derecho de propiedad.

Tal el panorama que se propuso equilibrar la ley europea. La normativa, aplicable solo en el Viejo Continente, sienta sin embargo un precedente a nivel global en la protección de las empresas periodísticas y artistas, entre otros actores, ante las grandes compañías tecnológicas como Google y Facebook, que ahora deberán comenzar a pagar por el uso de contenidos de terceros. La reforma apunta a que los medios puedan salvaguardar mejor sus noticias en la Web, a menudo reproducidas sin permiso ni respeto al crédito o la autoría. Su aprobación constituye una gran victoria para los grandes diarios europeos, que llevaban años reclamándola en un contexto de fuerte crisis de la industria editorial.

Días después de la aprobación de la ley, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, entrevistó a Mathias Döpfner, consejero delegado del gigante editorial alemán Axel Springer -hoy en proceso de venta-, uno de los
principales promotores de la reforma. El encuentro fue interpretado como un primer efecto de la normativa, al propiciar que las grandes plataformas de Silicon Valley se sienten a discutir con los medios una justa distribución de los ingresos en Internet, entre otros asuntos. Allí Zuckerberg dijo que podría pagar a editores por poner su contenido en una nueva sección de noticias.

El principal argumento de los promotores de la reforma es que las tecnológicas ganan enormes sumas en publicidad en línea con solo ofrecer el acceso a contenidos de terceros. Internet creó la ilusión de que
esos contenidos son gratuitos, cuando en verdad hay empresas periodísticas que invierten grandes sumas para producir información e historias de calidad y necesitan ingresos suficientes para seguir haciéndolo. Las tecnológicas responden que sus plataformas facilitan la llegada de nuevos lectores a los portales de noticias. Y sostienen que esa es su manera de favorecer mayores ingresos publicitarios a los medios.

Este complejo panorama permite entender mejor el espíritu de la nueva regulación europea, que obligará a las tecnológicas a negociar y firmar contratos de licencia con los poseedores de los derechos de autor de cualquier contenido para que pueda publicarse en sus plataformas.

«La norma es una medida clave que abre esperanzas para la industria de los medios de comunicación, que padecen el canibalismo de las grandes tecnológicas -dice el director de la Agencia Francesa de Noticias (AFP) en Argentina y Paraguay, Alexandre Peyrille-. Los medios tradicionales impresos están atrapados en una crisis sistémica porque su modelo económico no se pudo trasladar a la Web. Hoy el 80% de la torta publicitaria en Internet lo concentran las tecnológicas. Mientras tanto, el resto del mundo tiene que conformarse con migajas».

Solvencia económica
Nicolás Novoa, abogado especialista en asuntos de propiedad intelectual, pone el foco en otro aspecto: «La iniciativa es absolutamente necesaria para proteger a los medios de prensa en un entorno cada vez más hostil y complejo. La solvencia económica de los medios es condición indispensable para la vigencia de la prensa independiente, un derecho fundamental en la vida democrática. La libertad de prensa no podría sostenerse sin una adecuada protección de los editores y productores de contenidos periodísticos, pues su tarea comunicativa se cumple a partir de grandes inversiones económicas.
Hacer periodismo riguroso y de calidad es costoso, supone esfuerzo y dinero, y por eso mal podría avalarse la utilización indiscriminada y no remunerada de los contenidos periodísticos en el ámbito digital».

Para Daniel Dessein, presidente de la comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), la nueva norma es una forma de restaurar el equilibrio en el ecosistema digital ante el dominio de las GAFA (acrónimo para las empresas estadounidenses del mundo digital como Google, Apple, Facebook y Amazon, aunque abarca también a otras).
«Las plataformas tecnológicas han alcanzado esta posición tan dominante gracias a la ausencia de regulaciones. Pero hoy sus industrias llegaron a una mayor maduración y, por tanto, deben ser reguladas. Se trata, en definitiva, de intentar volver a conseguir ese equilibrio perdido, protegiendo a los productores de contenidos, que deben ser adecuadamente compensados frente a los abusos cada vez más evidentes de las plataformas».

La renuencia de Google
Tras aprobarse la directiva, Google expresó que no está dispuesto a celebrar acuerdos de ningún tipo, y amenazó con no subir a Google News las noticias de aquellos medios europeos que exijan una contraprestación económica.
Incluso dijo que la compañía podría dejar Europa. Kent Walker, vicepresidente ejecutivo de asuntos globales de Google, advirtió en un comunicado que esta regulación puede resultar contraproducente para los
medios, y citó un estudio según el cual el tráfico de los portales de noticias caería 45% de aplicarse la norma.

Si bien reconocen la legitimidad del reclamo, algunos especialistas señalan que la nueva normativa podría provocar efectos contrarios a los buscados. «En un principio, la ley puede ser vista como una victoria desde la perspectiva de las empresas periodísticas en su búsqueda por ver reconocidos sus derechos de autor y participar de una porción mayor de la renta publicitaria, pero a la vez conceden a los gigantes digitales un mayor poder, al tener que operar legalmente como gatekeepers, como guardianes de todo lo que se publica», advierte Martín Becerra, docente universitario e investigador principal del Conicet.

Uno de los puntos de la ley que generó polémica responsabiliza a las plataformas de Internet del respeto a los derechos de autor del material que los usuarios comparten en sus sitios. Algunos expertos advierten que las tecnológicas deberán aplicar filtros automatizados para poder bloquear a tiempo los contenidos sospechosos de piratería, multiplicando así una suerte de «censura» y el poder de estas plataformas.

Según explica Celia Lerman, directora del Programa de Protección de Datos Personales de la Universidad Di Tella, hasta el momento las plataformas no tenían la obligación de filtrar los contenidos ni se enfrentaban a ninguna responsabilidad al alojar en sus sitios contenidos pirateados. Regía en cambio una lógica reactiva. «La existencia de Internet tal como la conocemos hoy se debe en gran parte a esta dinámica de notice and takedown, donde no se pide permiso para subir contenido, sino disculpas a posteriori. Esta inmunidad legal permitió un mayor intercambio de contenidos sin filtrado. La normativa
invierte esa carga», resume Lerman.
Hay expertos que alertan sobre el eventual «impacto desigual» de la directiva.
Sostienen que la norma puede perjudicar a las plataformas de menor tamaño, que no cuentan con los recursos para solventar los costos de monitoreo que exige la ley. «Si bien las grandes plataformas en línea han criticado públicamente la legislación, su capacidad superior para pagar los costos de cumplir con la nueva ley podría en realidad reforzar aún más sus ventajas competitivas, mientras que los pequeños jugadores probablemente estén en desventaja -dice Peter DiCola, profesor investigador de la Universidad Northwestern, vía mail desde Chicago-. Ese resultado sería irónico, si se tiene en cuenta los esfuerzos de la UE para disminuir el poder de las grandes plataformas».

Consultada sobre la posibilidad de que la directiva pueda evitar la circulación de contenido violatorio de los derechos de autor, la especialista Adriana Amado se muestra escéptica: «Ninguna barrera impide al que piratea que lo siga haciendo, solo lleva a que sus métodos para hacerlo se vuelvan más sofisticados. Por el contrario, afectará únicamente a la gente que consume y comparte esos contenidos de manera
inocente». La investigadora pone la lupa sobre una cuestión adicional y afirma que hay diferentes criterios a la hora de pensar los derechos de autor, algo que -dice la experta- la nueva ley estaría ignorando: «La normativa define el derecho de autor de acuerdo a los criterios de los grandes actores. Pierde de vista que hay actores más chicos que tienen otro criterio y sienten que estas discusiones les son ajenas. De hecho, existen muchos medios digitales que viven de otra cosa; por ejemplo, de financiamientos cruzados o de servicios asociados».

Desproporción
Javier Díaz de Olarte, jefe del Departamento Jurídico del Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), señala en cambio otra desproporción: la que existe entre los medios y las grandes tecnológicas: «Los titulares de derechos llevan años contemplando con estupor cómo terceros se enriquecen utilizando sus obras sin participación alguna en esos negocios. La normativa europea intenta solucionar esa situación creando mecanismos legales que permitan conciliar el desarrollo de modelos de negocios digitales con el respeto a los derechos de propiedad intelectual y la posibilidad de que los titulares perciban una remuneración por el uso de sus obras».
El debate sigue abierto. La nueva regulación europea busca ofrecer una respuesta a problemas que forman parte de una realidad que no reconoce antecedentes. Queda por ver cómo logra ajustarse a la práctica, algo que dependerá del modo en que cada país la implemente. Tal vez no sea la solución óptima, pero constituye un primer paso necesario en un camino difícil de transitar. En un mundo con problemas nuevos, la única fórmula posible para avanzar parece ser la prueba y el error.

Los medios argentinos, a la espera de una ley
La postura firme de la Unión Europea hacia los gigantes tecnológicos, reflejada en la nueva directiva sobre los derechos de autor que el Parlamento europeo aprobó en marzo, hoy es vista como un ejemplo por otros países que intentan ejercer un mayor control sobre plataformas como Google y Facebook, así como por muchas compañías de medios que buscan obtener una retribución más justa por el uso de sus contenidos periodísticos online.

«Es muy probable que se busque replicar esta regulación en nuestro país y en otros países periféricos dado que, en materia de regulaciones en Internet, las decisiones europeas son modelo para muchas otras regiones», afirma Martín Becerra, especialista en medios y docente universitario. Asimismo, el experto anticipa un posible «efecto cascada» en otras regiones: «Los gigantes digitales globales suelen adaptar sus
estándares de funcionamiento a las disposiciones más recientes y más rigurosas de Europa o de América del Norte, con lo que de facto esa regulación produce un efecto cascada en países de otras regiones del mundo». Respecto de la recepción local de la nueva regulación europea, Daniel Dessein, presidente de la comisión de Libertad de Prensa de Adepa, expresa: «Saludamos la directiva de la UE porque va en la línea de recuperar el equilibrio perdido de los medios frente a las tecnológicas. Vemos la nueva regulación con mucha expectativa e interés, e instamos a países de la región a promover iniciativas similares, impulsando a legisladores y especialistas a promover esquemas de reglamentación en una línea similar. A nuestro juicio es un paso trascendental, un espaldarazo para los derechos de los medios.
Lo celebramos como un hito muy relevante».

En abril pasado, en un documento sobre la nueva normativa europea, la junta de directores de Adepa reunida en Mar del Plata resolvió: «Instar al Estado argentino a promover iniciativas legales y legislativas en esta misma dirección, para que se proteja el trabajo periodístico profesional en nuestro país, y se asegure así una retribución justa por su uso en el entorno digital, en un marco de sustentabilidad de la prensa,
institución clave que ayuda a fortalecer la calidad de la democracia».

Por: Guillermo Borella – LA NACIÓN

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