Con aumentos de hasta el 246%, la nueva ley tarifaria representa un grave problema para el sector que busca, a través de un amparo, declararla inconstitucional. Gustavo Brizuela, titular de APE, nos cuenta por qué resulta inaceptable este cambio de los valores para 2017.

Durante el último diciembre se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el Anexo I a la Ley Tarifaria 2017 (Ley 5.723), aprobada por la Legislatura de la Ciudad y en vigencia desde el mes de enero, en cuyo artículo 121 se precisan los nuevos montos aplicables a la publicidad realizada en anuncios en vía pública por metro cuadrado de superficie. Este artículo desató una fuerte polémica debido a la disparidad en los aumentos de acuerdo al soporte y ubicación de los anuncios, polémica que fue llevada al ámbito Judicial y que ya ha obtenido sus primeras consecuencias.

Efectivamente, mientras que los impuestos a pagar por los anuncios ubicados en el mobiliario urbano (paradas de colectivos, carteles en el subte, carteles luminosos ubicados en veredas y las tradicionales marquesinas verdes) tuvieron un aumento que no supera el 28%, el resto de los anuncios (publicidad en medianeras, en estadios de fútbol, estructuras sobre terrazas, etc.) fue alcanzado por incrementos de entre el 47% y el 246%.

Esta situación llevó a la presentación de un amparo por parte de Gustavo Brizuela, titular de la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE), y de Mercedes Iglesias de Bucciero, presidente de Dobila Publicidad S.A., quienes solicitan se declare la inconstitucionalidad del artículo 121. Hasta tanto se resuelva esto último, la Justicia ha dado lugar al amparo solicitado, por lo que actualmente se encuentra suspendida la capacidad del Gobierno de la Ciudad de aplicar los impuestos que refieren a estructuras de sostén sobre terrazas y medianeras según se mencionan en la nueva Ley Tarifaria. Las razones esgrimidas aluden al principio constitucional de equidad, que en este caso se estaría viendo afectado. La misma medida establece que las empresas depositen una caución del 30% del valor de lo que deberían pagar si estuviese vigente el aumento.

Es importante destacar que la publicidad realizada en mobiliario urbano se realiza a través de una concesión del Gobierno de la Ciudad, siendo tres las empresas que actualmente tienen permitido vender publicidad en dichos espacios (Wall Street, Sarmiento y PC Publicidad), mientras que la cantidad de firmas del rubro publicidad en vía pública, que emplean el resto de los soportes, es de 120.

Las palabras de APE

En diálogo con el CIP, Brizuela sostuvo que el objetivo de la medida es que los grandes formatos desaparezcan, para concentrar toda la publicidad en los espacios en mobiliario urbano controlados por las mencionadas tres empresas. De esta forma, el Gobierno de la Ciudad no solo regularía la planificación de la publicidad en la vía pública sino también los contenidos, ya que en un medio concesionado por la Ciudad no se puede poner ningún anuncio de reclamo.

El titular de APE, además, afirma que un aumento que va del 141% al 246% en los grandes formatos es una variación que no soporta ninguna unidad de negocio de la actividad. Frente a ello, asegura, la Asociación tiene el rol de defender del sector: “APE tiene 73 años desde su fundación, y siempre se caracterizó por ser una Entidad negociadora en los problemas que puedan surgir en cualquier jurisdicción del país. Hemos trabajado con todas las administraciones, de distintos tintes políticos, pero la soberbia que encontramos en la actualidad, sobre todo en las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, nunca la habíamos experimentado. En el Sector se había comenzado a invertir en tecnología, incorporando al paisaje urbano adelantos que existen en otras Ciudades del mundo, pero la falta de gestión y conocimiento de las autoridades, que son quienes deben ayudarnos a ese cambio, nos está desalentando”.